El cinismo de los dirigentes europeos –y de sus voceros en los medios de comunicación- no tiene parangón, mientras saludan con entusiasmo la elección de Obama con loas a la superación de la discriminación racial aprueban medidas restrictivas para la inmigración extracomunitaria rodeadas de un halo racista que podría satisfacer hasta al mismo Le Pen.
El gobierno español, dispuesto a confirmar su voluntad europeísta a costa de lo que sea, da su apoyo a las más reaccionarias propuestas de la UE y adopta en los últimos meses medidas propias tendentes a restringir aún más la entrada y permanencia de personas procedentes de países empobrecidos. La justificación confesable para las nuevas medidas es, según el ministro Corbacho, la necesidad de realizar ajustes ante el nuevo contexto de crisis económica, pero siempre hay algún imprudente como el portavoz del gobierno José Antonio Alonso, que en un ataque de sinceridad descubre su trasfondo real: «Si hay un puesto de trabajo que puede ser cubierto, en función de la cualificación requerida, por un desempleado español, éste tiene que tener prioridad». La lógica racista queda al descubierto; y es que, en momentos de dificultades se acaban las proclamas igualitarias y se impone la discriminación por origen para tranquilizar a los votantes.
Suspender la contratación en origen, separar a las familias prohibiendo reagrupar a padres y a suegros, invitar a los parados a volver a su país incentivándoles con la oferta de llevarse todo el dinero de la prestación de desempleo, son algunos de los ejemplos de las nuevas políticas de inmigración. El panorama que se vislumbra con la aplicación de las nuevas medidas y el endurecimiento en la interpretación de la ley de extranjería, es en este contexto de crisis, no sólo el blindaje a la entrada de nuevos inmigrantes, sino, y sobre todo, la pérdida de derechos fundamentales, (entre otros el derecho al trabajo y a la residencia), de los que actualmente están ya establecidos. Un ejemplo para ilustrar esta afirmación: la renovación de los permisos de trabajo implica haber estado contratado un mínimo de seis meses durante el último año, y además se interpreta que estar percibiendo la prestación de desempleo no supone un cambio en esa exigencia. Podéis imaginar, al ritmo que van cerrando las empresas, lo difícil que será cumplir esa condición que supondrá perder también la residencia.
Además del rechazo que desde un punto de vista ético puedan merecer esas medidas, su eficiencia es más que cuestionable porque ni tienen en cuenta las verdaderas causas de las migraciones, ni contemplan que cualquier persona que ha decidido establecerse en algún lugar no tiene la mochila preparada para cambiar de casa y de país con toda la familia cada vez que los caprichos de la economía hagan variar la situación. No creo arriesgarme demasiado afirmando que es fácil prever que la principal consecuencia de la aplicación de estas medidas en el contexto actual será la proliferación de inmigrantes sin papeles, personas que tienen aquí a sus hijos y a su familia, que tienen casa y pagan su hipoteca, y que asumirán el riesgo de ser encarceladas y expulsadas porque la alternativa legal que se les ofrece significa igualmente destrozar su proyecto de vida.
No hace falta insistir en que las migraciones son consecuencia de un mundo desigual, y si la causa es inevitable también lo es el efecto; pero quizá valga la pena recordar que la cohesión social está directamente relacionada con las perspectivas de estabilidad existentes. Las ciudades o barrios que por sus condiciones precarias cambian constantemente de habitantes no consiguen crear un tejido social suficientemente compacto para garantizar una convivencia aceptable. Si lo que se está ofreciendo a los inmigrantes es una nueva forma de nomadismo (o turismo laboral de oportunidad), pocas posibilidades habrá de normalizar la convivencia multicultural y el mestizaje social, y tendrán que transcurrir muchos, muchísimos años, para encontrar que, montajes mediáticos al margen, alguien apellidado Al Morabit González, llegue a ser alcaldesa de su pueblo, Ministra de Asuntos Sociales, o jefa de producción de una empresa.
Ya me diréis si hay o no hay racismo, ya me contaréis si tiene algún sentido la pregunta abstracta de si estamos dispuestos a aceptar que gobierne en nuestros países alguien de rasgos diferentes a los mayoritarios. No sé si nos importa el color de la piel, pero de lo que estoy segura es que nos queda mucho por andar, y no estaría mal empezar a ponernos en la situación de los millones de personas que viven entre nosotros cuyo mayor deseo -ser considerados ciudadanos de pleno derecho- aún es algo inalcanzable. No es fácil marcharse de tu tierra, lejos de tu gente, pero peor aún es sufrir la humillación de llevar colgada a modo de espada de Damocles una etiqueta que te recuerda que tu condición de invitado en el llamado país de acogida (no siempre acogedor) es algo circunstancial, por la absurda razón de haber nacido pobre y fuera de sus fronteras.
