El párrafo remarcado es una de las propuestas de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PXC), partido liderado por el ultraderechista Anglada, cuyo discurso populista encuentra una respuesta favorable en algunas zonas con alta densidad de población inmigrante y, por supuesto, con un caldo de cultivo bien alimentado por el racismo de los autóctonos.
El pleno del ayuntamiento de Vic acaba de aprobar por mayoría que no se empadrone a los inmigrantes que califican de “ilegales”, pero los cuatro concejales de PXC no han tenido más que emitir sus votos favorables, ya que la propuesta ha sido presentada por el equipo de gobierno que forman CiU (alcaldía), ERC y PSC. Anglada, mientras tanto, celebra su triunfo y se pavonea de haber obtenido por fin el reconocimiento del consistorio a sus iniciativas.
El alcalde y sus socios justifican esta medida en base a la ley de extranjería (aunque el empadronamiento concierne al régimen local) y afirman que su pretensión es controlar la emigración, pero por supuesto no explican cómo se lo van a montar para ocultar a todas esas personas que, a pesar de no existir para el gobierno municipal, seguirán llegando a Vic, vivirán en algún sitio, tendrán enfermedades, hijos que no podrán ir a la escuela… y, previsiblemente, se verán empujados a la exclusión social gracias, entre otras cosas, a la irresponsabilidad y a la demagogia del gobierno municipal.
El miedo a perder sus sillones ante el avance en Vic de la “cosa de Anglada” es en realidad lo que ha llevado a los tres partidos del gobierno municipal a adoptar como propia una propuesta de la oposición ultra, que, de momento, ha despertado la indignación de algunos sectores sociales, las tímidas críticas de las direcciones nacionales de los tres partidos implicados y el aplauso del PP, que reclama su extensión a otros municipios.
Y es que la cohesión social, especialmente cuando aparece la inmigración, se convierte en una materia incómoda ante la imposibilidad de complacer a todos los sectores de posibles votantes. Son los efectos del oportunismo político, sólo cuando está en juego la disminución de las arcas municipales se recurre a la pedagogía para justificar la adopción de medidas impopulares en nombre del civismo, de la seguridad vial o de lo que haga falta. Pero no están dispuestos a pagar ese precio cuando se trata de combatir las ideas más reaccionarias de algunos sectores de la ciudadanía, porque, a fuerza de buscar justificaciones, también algunos políticos llegan a convencerse de que la vulneración de los derechos fundamentales no es tan grave cuando se trata de complacer a los autóctonos (o sea, a los que pueden votar).
Lo cierto es que, aunque no pueda meterse en el mismo saco cualquier medida, y en el caso de la negación al empadronamiento se incluye la negación de derechos básicos que son independientes de la situación administrativa y del origen de las personas, las políticas de cualquiera de los tres partidos implicados no son precisamente un ejemplo de coherencia ante la defensa de unos derechos universales que nadie se atreve a cuestionar abiertamente. Por ejemplo, la utilización de la cuestión identitaria (Anglada también lo hace) para esgrimir exigencias excluyentes y discriminatorias hacia los inmigrantes ha aparecido en más de una ocasión en las propuestas de algunos partidos catalanes. Con otros matices, la actitud del PSC y PSOE, tampoco es demasiado convincente y la pretendida firmeza de Corbacho en su defensa de los derechos fundamentales de los inmigrantes ante los políticos de Vic se desvanece cuando se trata de restringirlos mediante las modificaciones cada vez más abusivas de la ley de extranjería.
No hay duda de que existe un problema, pero el ascenso de los partidos xenófobos en Europa no se impedirá intentado esconder la dura realidad que comporta un mundo lleno de desigualdades. No es fácil acertar a ser justo y equitativo cuando existen presiones tan fuertes como las que se dan en el contexto de Vic, pero desde luego, la alternativa de asumir el populismo de la ultraderecha por parte de los partidos democráticos es un despropósito que sólo puede conducir a agravar la ya maltrecha cohesión social.
